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La red de ueno bank: de dónde salió, cómo se vació y quién lo dejó pasar

Cómo un grupo empresarial convirtió una financiera en el segundo depositario del Estado, prestó sin garantías a empresas puestas a nombre de sus empleados, tapó el agujero con una venta simulada y terminó arrastrando al presidente de la República. Incluye el análisis jurídico, el estado del proceso penal, una revisión de auditoría y los contratos públicos del grupo y de familiares de Santiago Peña.

Corte: 7 de noviembre de 2026. Fuentes: la transmisión completa del juicio político del 6/11/2026; los registros de la Dirección Nacional de Contrataciones Públicas (DNCP), consultados el 7/11/2026; los estados contables auditados de ueno bank; informes de calificadoras, y más de 300 notas de prensa paraguaya y extranjera. Cada dato indica quién lo afirma.

Resumen

1. ueno no salió de la nada. Es la antigua Financiera El Comercio (1976), que el Grupo Vázquez compró en 2021 cuando Carlos Carvallo ya actuaba como su vicepresidente. Carvallo la presidió hasta 2023, Peña lo puso al frente del Banco Central (BCP) y, 83 días después, el BCP la convirtió en banco El Nacional 9/9/21 ABC 1/9/23 ABC 24/11/23.
2. Visión Banco desapareció con un trato especial. En 2024 ueno absorbió a Visión Banco, que era tres veces más grande, tenía pérdidas pero nunca fue intervenido. El BCP aprobó facilidades por ₲ 5,1 billones y dejó diferir previsiones hasta 20 años, cuando a otro banco, en una fusión anterior, le dio 5. A fin de 2024 el fideicomiso de gastos de la fusión valía 1,82 veces el patrimonio del banco ABC 19/10/24 ABC 16/10 Plus 8/10 EEFF 2025.
3. El dinero público llegó rápido. Al cierre había ≈US$ 855 M públicos en ueno. Solo el IPS pasó de ₲ 70.000 M (sept/2023) a ≈US$ 345-355 M, después de cambiar dos veces su reglamento de inversiones y de superar los límites de concentración desde febrero de 2025 ABC 21/10 ÚH 29/10 ABC 12/7.
4. El esquema, según el BCP y la Fiscalía. En septiembre de 2025 el grupo pasó MOWI, Grupo Hendy y Grupo M a nombre de empleados y exgerentes. Días después ueno les prestó a sola firma: ≈US$ 146 M en siete meses. La plata volvía en días a ITTI, Redisa y Redipro, del mismo grupo. En abril de 2026 el exceso sobre el límite legal de créditos a vinculadas era de ≈US$ 41,5 M ABC 12/10 ABC 10/10 ÚH 4/11.
5. La venta simulada. El 15/6/2026 Vinanzas, la agencia de cobranzas del grupo, «compró» esa cartera por US$ 74,4 M teniendo US$ 93.828 en sus cuentas. Pagó con dinero que ueno había prestado ese mismo día a otras empresas. Al día siguiente la Superintendencia dio al banco por encuadrado HOY 4/11 ÚH 5/11 ÚH 9/10.
6. El regulador vio y no frenó. Hubo al menos 11 alertas internas entre abril y agosto de 2026. El gerente de Supervisión que advertía fue trasladado por decreto, el sumario se abrió recién el 24/9 y en octubre el BCP le dijo al Senado que todo estaba subsanado. La esposa del presidente del BCP facturaba al grupo y el BCP le adjudicó 24 contratos (₲ 63.040 M) a empresas del grupo mientras lo supervisaba ABC 14/10 ABC 7/10 ABC 6/11 DNCP.
7. Peña y su entorno. Fue accionista del holding del grupo hasta marzo de 2025 y recibió de ueno créditos por ₲ 3.548 M. Su casa la construyó la empresa del suegro de su hermano, que después ganó la Academia Militar (₲ 164.359 M) y a la que todavía le debe US$ 300.000. Según el examen de la Contraloría, figura como socio y garante de Wels, la empresa de residuos que fue de su hermano y que facturó ₲ 121.485 M al Estado desde 2023. Otro hermano fue socio de la sociedad de Luxemburgo que controla ueno, y la boutique de su nuera le debe al banco ₲ 8.819 M ABC 28/5 ÚH 2/6 DNCP ABC 27/5 ABC 6/4/25 ABC 5/11.
8. El Estado como cliente. Durante su gobierno las empresas del grupo ganaron 151 adjudicaciones por ₲ 276.323 M. Technoma, vinculada al grupo, facturó en 39 meses un 72 % más que en los cinco años de Abdo. 21 de esos contratos tuvieron un solo oferente. Además, en la casa de Miguel Vázquez se incautó una planilla con pasos para ajustar pliegos en proyectos por ≈US$ 241 M (análisis propio sobre la DNCP; ÚH 4/11).
9. La caída. El BCP resolvió ueno el 2/11/2026. La Fiscalía imputó a 27 personas el 4/11; el Senado destituyó a Peña el 6/11 por mal desempeño de funciones, y esa misma noche la Fiscalía ordenó detener a Peña y a Carvallo en una tercera causa LN 3/11 ÚH 4/11 LN 6/11 LN 6/11.
10. Lo que falta saber. Dónde terminó el dinero que entró a ITTI, Redisa y Redipro; quiénes son hoy los dueños de Vinanzas y de las intermediarias; cuánto perderán el IPS y los demás entes públicos; y quién negociaba la venta del banco que mencionó Alliana. Según la Fiscalía faltan recuperar US$ 167 M y ₲ 343.000 M Infobae 7/11.

1. Cronología

2. De dónde salió ueno y qué pasó con Visión Banco

Credicentro no es el banco

En el juicio y en buena parte de la prensa se mezclan dos sociedades. Credicentro era la casa de créditos de la familia Vázquez, no regulada por el BCP. Ahí tuvo acciones Peña desde 2019. En 2022 pasó a llamarse ueno Holding, dejó de prestar y en 2025 la absorbió el Grupo Vázquez Plus 4/11 ABC 4/4/25. El banco es otra sociedad: la vieja Financiera El Comercio, como muestran los estados contables auditados de ueno EEFF 2025.

De Financiera El Comercio a ueno bank

El Grupo Vázquez acordó comprar Financiera El Comercio el 12/4/2021 y el BCP aprobó la operación el 6/9/2021, bajo la presidencia de José Cantero. Antes de esa aprobación, Carlos Carvallo ya actuaba como vicepresidente y representante de la financiera; después la presidió hasta 2023 El Nacional 9/9/21. Carvallo había sido director del BCP entre 2015 y 2020. El 31/8/2023 Peña lo designó presidente del BCP y el 22/11/2023 el BCP autorizó a la financiera a operar como banco ABC 1/9/23 ABC 24/11/23. La acusación en el juicio político subrayó que pasaron 83 días entre una cosa y la otra; la defensa respondió que el trámite empezó en 2021 y que la mayoría del directorio que votó la licencia había sido designada por el gobierno anterior Juicio 6/11. Si Carvallo se inhibió en esa votación no está confirmado.

Visión Banco: débil, pero no quebrado

Visión era un banco mediano fundado en 1992, sin un dueño controlante FIX 2023. Llamarlo «banco quebrado», como se dijo en el juicio, es una caracterización política: tenía problemas, pero cumplía el capital mínimo y nunca fue intervenido.

Cómo desapareció

La absorción se anunció el 20/1/2024 LN 20/1/24. El Grupo Vázquez compró el 16,68 % de Visión pagando con sus propios bonos (₲ 105.000 M del programa G3 y parte del G4); el resto de los accionistas recibió acciones de ueno en un canje. El precio total nunca se publicó Solventa 2024. Tras el anuncio, el directorio de Visión pasó a manos de gente del grupo, varios de ellos hoy imputados ÚH 5/11. El 14/6/2024, días antes del cierre, Peña nombró en la AFD a un exgerente de Visión LPO 2024. El 28/6/2024 ueno absorbió a Visión: se quedó con sus depósitos y sus 70 sucursales, y el BCP le retiró la licencia a Visión desde el 1/7/2024 EEFF 2025.

El trato especial del BCP

Para aprobar la fusión, el BCP concedió facilidades que un memorando interno de junio de 2026 suma en ₲ 5,1 billones (≈US$ 691 M) ABC 16/10:

• un fideicomiso de «gastos e inversiones» de la fusión por ≈₲ 2,5 billones, que el banco registraba como activo y amortizaba de a poco;
• un tratamiento especial de la cartera vencida por ≈₲ 2,6 billones, con previsiones diferidas hasta 20 años. Según la respuesta del propio BCP al Senado, en la absorción de Banco Regional por Sudameris, con una cartera vencida mayor, el plazo fue de 5 años Plus 8/10 ABC 19/10/24;
• el diferimiento de las pérdidas acumuladas de Visión y de las previsiones sobre sus bienes adjudicados EEFF 2025.

Según Juan Manuel Gustale, presidente de ueno, Carvallo se inhibió en esas resoluciones y las firmaron los directores Liana Caballero, Humberto Colmán, Carmen Marín y Fernando Filártiga ABC 19/10/24.

Lo que esto significa en números. A fin de 2024 el fideicomiso de la fusión valía ₲ 2,61 billones, 1,82 veces el patrimonio del banco (₲ 1,44 billones); a fin de 2025 era casi igual al patrimonio (cálculo sobre los estados auditados EEFF 2025). Es decir: buena parte del capital que ueno informaba dependía de seguir contando como activo los gastos de la fusión. En marzo de 2025 una adenda sumó ₲ 155.698 M al fideicomiso sin la aprobación del directorio del BCP que exigía la resolución, y ese fideicomiso le pagó ≈₲ 30.000 M a ueno Holding por un taller de capacitación mientras Peña todavía era accionista del holding ABC 16/10 ABC 17/10.

¿Y los «US$ 400 millones»?

En el juicio, el senador Gustavo Leite dijo que el BCP permitió «activar» US$ 400 M de crédito incobrable. Esa cifra no aparece en ningún documento. Las cifras cercanas son otras: unos US$ 300 M de cartera diferida a 20 años que reconoció el presidente de ueno en 2024 ABC 19/10/24; ₲ 451.123 M de cartera vencida de Visión según el BCP Plus 8/10; y los ≈US$ 356 M de la facilidad para la cartera vencida ABC 16/10.

¿Tuvo que ver Visión con la caída?

En parte. El BCP justificó la resolución de 2026 por los créditos a vinculadas y la mala calidad de las carpetas, sin mencionar a Visión LN 3/11, y la Fiscalía imputa hechos de 2025 y 2026. Pero las facilidades de la fusión inflaban el capital contable del banco, y memorandos internos del BCP de junio de 2026 las señalan junto con el déficit de solvencia ABC 15/10 ABC 16/10. Cuando el banco cayó, ese colchón resultó ser, en buena medida, gastos y pérdidas diferidos.

3. El esquema: préstamos a empresas puestas a nombre de empleados

El límite que se saltó

Un banco paraguayo no puede prestarle a empresas vinculadas a sus dueños más del 20 % de su patrimonio efectivo. Con un patrimonio de ≈₲ 2,4 billones, el tope de ueno era de ≈US$ 82 M. A abril de 2026 tres vinculadas le debían ≈US$ 123 M, un exceso de ≈US$ 41,5 M; lo prestado en siete meses (≈US$ 146 M) equivalía al 35 % del patrimonio efectivo ABC 10/10 ABC 12/10. Para que no se notara, según el BCP y la Fiscalía, las empresas se pusieron a nombre de empleados y exgerentes del grupo antes de recibir los préstamos ABC 8/10 ÚH 4/11.

Las tres empresas puente

La imputación da cifras algo menores (US$ 41 M, 41 M y 39 M), que parecen ser saldos y no desembolsos LN 5/11. En el juicio se habló también de una cuarta empresa, «2U»: es TUIU S.A., una remesadora cuya marca registró ITTI; sus accionistas están imputados, pero los montos de sus préstamos no se publicaron ÚH 5/11.

Las otras deudoras

La denuncia del BCP menciona además créditos a Office Design (US$ 60 M), GSR (US$ 72,8 M) y Nuevo Mundo Entertainment (US$ 33 M), entre otras HOY 5/11. Para pagar cuotas se armaban cadenas: el 29/4/2026 un préstamo de ueno a Sagas pasó por Kasas, Vinanzas e ITTI y terminó pagando una cuota de Grupo M ABC 26/10.

La venta simulada a Vinanzas (15/6/2026)

Cuando la Superintendencia detectó el exceso, ueno dijo haberlo corregido vendiendo la cartera de MOWI, Hendy y Grupo M a Vinanzas S.A., la agencia de cobranzas del grupo, cuyo principal accionista en 2024 era ueno Holding ÚH 5/11. Según la Fiscalía y el BCP:

En resumen: el banco se pagó a sí mismo, la deuda de las vinculadas dejó de figurar en sus libros y en su lugar quedaron préstamos nuevos a otras empresas sin capacidad de pago. Según la denuncia del BCP, HD Invest está vinculada a Karim Hamza Damani Chaparro; Última Hora, en cambio, atribuyó los préstamos de US$ 35 M y ₲ 36.900 M a TUIU, Franede y AIME. Esa contradicción no está resuelta HOY 6/11.

4. El dinero público en ueno

A septiembre de 2026 el sector público tenía en ueno ₲ 4,9 billones (≈US$ 855 M) y llegó a un pico de US$ 862 M en julio ABC 21/10. Entre 2024 y 2025 los depósitos públicos del banco pasaron de ₲ 1,74 a 4,49 billones EEFF 2025.

Cómo llegó la plata de los jubilados

El IPS hizo su primera colocación en Financiera ueno en septiembre de 2023, con Jorge Brítez como presidente. El 9/11/2023 su Consejo bajó el puntaje mínimo de la matriz de inversiones; el 12/11/2024 eliminó el tope de colocación por patrimonio efectivo y bajó la calificación exigida a los bancos ABC 8/7 ABC 11/8/25. Desde febrero de 2025 el IPS superó los límites de concentración de la Ley 7235, según la Superintendencia de Jubilaciones ABC 12/7. La acusación señaló la injerencia del asesor presidencial Juan José Galeano en el IPS; no se halló un documento que lo vincule con las colocaciones en ueno ABC 15/7. Brítez fue imputado en agosto de 2026 en otra causa, por la compra de quirófanos ÚH 4/8.

Los depositantes privados están cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos hasta 75 salarios mínimos; una ley de emergencia permitió adelantar hasta 40 salarios mínimos en 24 horas, y al 7/11 ya habían cobrado ≈1,2 millones de personas ÚH 3/11 ABC 7/11. Unos 87.000 depositantes superan el tope Infobae 7/11. Qué recuperarán el IPS y los entes públicos depende del orden de cobro en la liquidación (ver la sección 8).

5. El regulador

• Del regulado al regulador. Carvallo presidió Financiera ueno hasta 2023 y el BCP desde septiembre de 2023 ABC 1/9/23. Según la acusación, Juan Manuel Gustale y Diego Duarte, exfuncionarios de control del BCP, pasaron directo al directorio de ueno ABC 5/11.
• La esposa del presidente del BCP. María Silvia Vázquez de Carvallo cobró al menos tres facturas de ₲ 55 M por asesoría al Grupo Vázquez S.A.E. (30/4/2025, 31/8/2026 y 29/9/2026). Carvallo había declarado ese contrato en 2023 ABC 6/11.
• El supervisor también era cliente. Entre agosto de 2023 y noviembre de 2026 el BCP adjudicó 24 contratos a Technoma, ITTI y ueno Seguros por ₲ 63.040 M, dos de ITTI por excepción (ver la sección 7).
• Las alertas. En 2026 hubo al menos 11 documentos internos: un correo del 29/4; el memorando de entendimiento 002 (4/5) y su reiteración (26/5); la nota 00174 (5/6); el informe 006 (8/6); el acta 27 del directorio (19/6); un memorando de la directora Carmen Marín (29/6); el memorando de Rivarola (10/7); el memorando 004 (24/7); el informe 01 (5/8), y la nota 00212 (6/8) ABC 14/10 ABC 15/10.
• El que alertó, afuera. El 6/7/2026 un decreto sacó de Supervisión a Fernando Rivarola y lo mandó a la AFD; su memorando del 10/7 decía que la venta a Vinanzas no corregía nada. El BCP le restó valor porque no entró por mesa de entrada ABC 7/10 ÚH 9/10.
• Al Senado, «subsanado». En septiembre los senadores Antonio Barrios, Basilio Núñez y Natalicio Chase, del sector de Cartes, pidieron informes; Barrios contó después que todo empezó con un sobre anónimo que consultó con Cartes. En octubre el BCP respondió que el exceso estaba subsanado y no envió los informes clave ABC 8/9 Infobae 7/11 ABC 14/10.
• La resolución. El 2/11/2026 el directorio resolvió ueno por unanimidad, con una solvencia por debajo de la mitad del mínimo legal, y lo denunció ante la Fiscalía LN 3/11. La oposición denunció también a Carvallo, al superintendente Holger Insfrán y a otros directivos del BCP ÚH 7/11.

6. Santiago Peña y su entorno

El vicepresidente que lo reemplazó, Pedro Alliana, también tiene en ueno un CDA de ₲ 4.000 M y un préstamo de ₲ 4.500 M ÚH 4/11. Diputados rechazó someterlo a juicio político (48 a 30) LN 5/11.

7. Contratos públicos: lo que muestra la DNCP

Cómo se hizo. Se bajaron de la DNCP todas las adjudicaciones de ITTI, J. Fleischman (absorbida por ITTI), Technoma, ueno Seguros, IDL, Bepsa y Grupo M (860 registros) y se clasificaron por la fecha de emisión del código de contratación: Cartes (2013-2018), Abdo (2018-2023) y Peña (15/8/2023 en adelante). Para el gobierno de Peña se revisó la ficha de cada contrato y la lista de oferentes. Los montos son los adjudicados, no lo pagado. La planilla completa está en contratos-grupo-vazquez-dncp.csv. Technoma figura como vinculada al grupo en la causa (su vicepresidente y su director comercial están imputados), pero no se publicó desde cuándo; sus contratos de años anteriores pueden ser previos a esa vinculación.

Por empresa y gobierno

Dos lecturas. Technoma es el gran contratista: en 39 meses de Peña facturó ₲ 241.849 M, un 72 % más que en los 60 meses de Abdo; por mes, 2,7 veces más. En ITTI el aumento que se publicó es real, pero hay que sumar a J. Fleischman, la empresa que ITTI absorbió: juntas facturaron más con Abdo (₲ 44.893 M) que con Peña (₲ 27.391 M). En total, el grupo pasó de ≈₲ 3.330 M por mes con Abdo a ≈₲ 7.130 M por mes con Peña.

Quiénes contrataron

Los mayores clientes del grupo durante el gobierno de Peña fueron la DNIT (₲ 88.778 M a Technoma), el BCP (₲ 63.040 M), el Ministerio de Economía (₲ 35.454 M), el MITIC (₲ 22.467 M) y el Banco Nacional de Fomento (₲ 20.603 M). Los 15 contratos más grandes:

El BCP, supervisor y cliente

Los contratos de ITTI

Señales de riesgo en las compras

• Un solo oferente. De los 99 contratos del gobierno de Peña con lista de oferentes publicada, 21 (₲ 31.385 M) tuvieron un único oferente; el mayor, de ₲ 18.288 M, fue de la DNIT a Technoma (nov/2025). Otros 52 contratos no tienen la lista publicada.
• Excepciones. El BCP contrató dos veces a ITTI por la vía de excepción para el soporte de SoftExpert, con ITTI como único oferente en 2025 y un precio de referencia tomado de una cotización de la propia ITTI ABC 16/12/25 DNCP. La Municipalidad de Asunción la contrató por excepción (₲ 800 M, ampliado a ₲ 960 M) y luego en una licitación sin competencia ABC 10/4/25.
• Pliegos a medida. El Ministerio de Economía modificó el pliego de una licitación de software financiada por el BID para incluir al consorcio Konectitti (ITTI + Konecta), que después fue descalificado ABC 3/6/25 DNCP. La Contraloría adjudicó a Konecta con un solo oferente ABC 9/9/25.
• Rivales descalificados. En la licitación del nuevo sistema central del BNF (≈₲ 157.000 M estimados) se descalificó por una formalidad a la única rival de ITTI ABC 30/11/25.
• Competencia simulada. En una contratación de la AFD, IDL, ITTI y Technoma presentaron ofertas casi idénticas ABC 11/4/25.
• La planilla de Vázquez. En su casa la Fiscalía incautó una tabla con proyectos por ≈US$ 241 M (Senad, tobilleras electrónicas, radares civiles y militares, telecomunicaciones del Ejército y las torres de Gobierno) con pasos como presionar compras, ajustar pliegos y quitar ventajas a los competidores ÚH 4/11 1000N 5/11.
• Firmantes imputados. En la DNCP firman por las contratistas personas hoy imputadas: César Astigarraga (ITTI e IDL), Guillermo Vázquez Muniagurria (ITTI), Sergio Pizurno (Technoma) y Diego Duarte (ueno Seguros); César Mengual figura por Grupo M DNCP DNCP DNCP DNCP DNCP.

Empresas de familiares de Peña

Fuentes: DNCP DNCP DNCP ABC 28/7/25 ABC 15/12/25; planilla completa en contratos-familiares-pena-dncp.csv. Wels y sus consorcios suman ₲ 121.485 M desde el 15/8/2023. No se hallaron contratos públicos de MUAR SRL ni de otras empresas del hermano Manuel (Enerbike, Guata Porã, Optima, Aquaservice).

8. Análisis jurídico

Esta sección resume las normas aplicables, leídas en sus textos oficiales (Biblioteca y Archivo del Congreso, Digesto Legislativo) salvo donde se indica. No es un dictamen: muestra qué normas encajan con cada hecho publicado y qué tendrá que probar cada parte.

8.1 Los delitos imputados en la causa 89/2026

Fuentes: Código Penal Ley 3440 ÚH 4/11.

8.2 ¿Pueden ser 15 años?

La Nación publicó que la pena máxima es de 15 años LN 6/11. La cuenta sale del art. 70 del Código Penal: cuando se juzgan varios hechos juntos se impone una sola pena sobre el marco más grave, que puede subir hasta la mitad. Pero los incisos que cita la imputación publicada tienen todos un tope de 5 años, así que con esa calificación el máximo es de 7 años y 6 meses. Para llegar a 15 hace falta un marco de 10: que el tribunal considere la lesión de confianza un caso especialmente grave (art. 192 inc. 2), o que se aplique el art. 180 (casos graves de quiebra), que por su texto remite al art. 178 y no al 179. La calificación puede cambiar en la acusación.

8.3 Otros delitos que podrían discutirse

• Lavado de activos (art. 196, texto de la Ley 6452/19). Si se prueba la lesión de confianza o la estafa, el dinero que salió hacia ITTI, Redisa, Redipro, Vinanzas y el Grupo Vázquez es objeto posible de lavado: hasta 5 años, o 10 si se hizo en forma comercial o en banda, más comiso. No exige una condena previa por el hecho de origen.
• Asociación criminal (art. 239): hasta 5 años. No está imputada.
• Conducta conducente a la quiebra con casos graves (arts. 178 y 180): hasta 10 años si el autor buscó enriquecerse o puso a muchas personas en peligro de perder lo que confiaron. Es la vía textualmente más segura hacia los 10 años dentro de ese capítulo; no está imputada.
• Favorecimiento del deudor (art. 183): para terceros que recibieron y movieron fondos de un banco en crisis; hasta 5 años, o 10 en casos graves.
• Documentos no auténticos y constancias falsas (arts. 246 y 251): si los contratos de cesión de cartera o las actas de traspaso de acciones resultan falsos.
• Cohecho y soborno (arts. 300-303): de 2 a 5 años según el tipo, si se prueba una contraprestación por contratos públicos o por colocaciones de fondos públicos.
• Ley 2523/04 (función pública): enriquecimiento ilícito, de 1 a 10 años (art. 3); tráfico de influencias, hasta 3 años, o 5 ante jueces o fiscales (art. 7); y administración en provecho propio, hasta 10 años, para el funcionario que decide o firma actos que benefician directamente a él, a su cónyuge o a parientes hasta el segundo grado (art. 8). Las dos últimas figuras son las que menciona la causa 92/2026 contra Peña.

La ley de bancos no tiene delitos propios: remite al Código Penal y a sanciones administrativas Ley 2523 Código Penal.

8.4 Las reglas bancarias

• Límite de créditos a vinculados. El tope del 20 % del patrimonio efectivo estaba en el art. 59 de la Ley 861, derogado en 2016 por la Ley 5787; hoy está en la Resolución 3, Acta 25 del BCP (2017). Esa norma también prohíbe dar a los vinculados condiciones mejores que las del mercado.
• La vinculación no se borra con un traspaso. El art. 47 de la Ley 861 permite a la Superintendencia tratar como una sola unidad de riesgo a empresas con dirección, negocios o flujos de fondos comunes, aunque cambien de dueño en los papeles. Es la base para seguir considerando vinculadas a MOWI, Grupo Hendy y Grupo M.
• Condiciones de favor. El art. 70 inc. f) prohíbe operar con directores o con empresas vinculadas a ellos en condiciones más favorables que las del resto de los clientes: créditos a sola firma y a 7-10 años podrían encuadrar.
• Venta de cartera a vinculados. Según la Fiscalía y el propio BCP, la Resolución 15, Acta 24 del BCP (2024) solo la permite al contado y prohíbe financiar directa o indirectamente al comprador. Es exactamente lo que se imputa en el caso Vinanzas.
• El plan que se evitó. La Ley 2334 (art. 6 inc. b) obliga a un plan de regularización si los límites se exceden más de 10 días seguidos. El BCP informó que ueno se «encuadró» el 15/6/2026, el día de la venta a Vinanzas: si la venta fue simulada, sirvió para esquivar ese plan.
• Sanciones administrativas (Ley 489, texto de la Ley 6104/18): superar los límites de riesgo, falsear información u operar en forma prohibida son faltas graves. Para la entidad, multa de 101 a 5.000 salarios mínimos; para directores, gerentes y síndicos, multa de hasta 500 salarios mínimos y remoción con inhabilitación de 3 a 10 años.
• Responsabilidad civil. Los directores responden en forma ilimitada y solidaria por mal desempeño o violación de la ley (Código Civil, art. 1111), salvo que hayan dejado constancia escrita de su desacuerdo. Por eso pesa el acta de julio de 2026 que, según su defensa, firmaron tres directores. El síndico responde junto con ellos si el daño no se habría producido de haber cumplido su control (arts. 1124-1126).

Fuentes: Ley 861 Ley 5787 Ley 489 Ley 6104 ABC 8/10.

8.5 El Banco Central y sus funcionarios

• Incompatibilidades. La Ley 489 (art. 14) impide ser director del BCP mientras se mantengan vínculos con entidades supervisadas, pero no fija un período de espera después de dejarlas. El art. 15 obliga a no participar en asuntos de interés personal o de parientes.
• Responsabilidad personal. Los directores del BCP responden en forma personal y solidaria por las resoluciones que violen la ley, salvo voto en disidencia que conste en el acta (art. 16). Pueden ser removidos por mal desempeño, con acuerdo del Senado (art. 17).
• Un escudo temporal. La Ley 2334 (art. 27) impide llevar a juicio a funcionarios del BCP y de la Superintendencia por actos de su función mientras sigan en ella. La defensa de los que siguen en sus cargos lo va a invocar.
• El plazo de 24 horas. El BCP debe iniciar la resolución dentro de las 24 horas de conocer la causal (Ley 2334, art. 14). Si se prueba que la insolvencia grave se conocía antes, ese es el parámetro para medir la demora.

8.6 Qué pasa con la plata de los depositantes y del Estado

• Garantía. El Fondo de Garantía cubre hasta 75 salarios mínimos por persona y por entidad (≈₲ 228 M), descontadas sus deudas con el banco. Quedan excluidos los directivos, las personas vinculadas al banco y los negocios simulados (Ley 2334, art. 1 inc. f).
• Anticipo. La Ley 7745/2026 permitió adelantar hasta 40 salarios mínimos (≈₲ 121,8 M) en un plazo de 5 días hábiles, excluyó a los vinculados y a las cuentas bloqueadas por orden judicial, y obliga a devolver en 24 horas lo cobrado indebidamente. Su texto oficial todavía no estaba publicado.
• Orden de cobro (art. 20). En el primer escalón están los depósitos garantizados y, junto a ellos, los depósitos públicos de previsión social (IPS y cajas); un poco más abajo, los de otras entidades públicas. El pago directo del Fondo es solo para depositantes privados. Lo que no se cubra con los activos del banco va a la quiebra, donde el cobro es incierto. La redacción sobre los depósitos de entidades públicas es ambigua y conviene un dictamen.

Fuentes: Ley 2334 Ley 7745 (ABC).

8.7 El IPS

• Quién decide. Las inversiones del IPS las aprueba su Consejo de Administración (Decreto-Ley 1860/50, art. 27, modificado por la Ley 7235/2023). La Superintendencia de Jubilaciones regula y supervisa.
• El límite. Mientras no haya un reglamento definitivo, la Ley 7235 (art. 42) prohíbe invertir en un mismo banco más del 10 % de los recursos de la entidad o más del 20 % del pasivo exigible del banco. Según ABC, en noviembre de 2025 el IPS tenía en ueno el 11,41 % de su cartera; el IPS sostiene que los depósitos a la vista no son inversión.
• Consecuencias. Si el exceso se confirma: multa para el IPS de hasta 1.000 salarios mínimos; para los consejeros, multa de hasta 500, remoción e inhabilitación de 3 a 10 años (arts. 35 y 36), además de una posible lesión de confianza. La Ley 1535 (art. 82) hace responder con su patrimonio a los funcionarios que dañen fondos públicos contra sus deberes.

Fuentes: Ley 7235 Ley 1535 ABC 10/7.

8.8 Conflictos de intereses y contrataciones

• La reforma de 2024. La Ley 7236, promulgada por Peña el 5/1/2024, modificó la Ley 7089/2023 de conflictos de intereses: derogó la prohibición de pasar durante un año del regulador al regulado (la «puerta giratoria») y su sanción; eliminó la prohibición de trabajar o ser socio en el sector regulado mientras se ejerce el cargo; sacó al grupo familiar de la definición de conflicto, y dejó de calificar automáticamente como mal desempeño las violaciones de las autoridades que pueden ser sometidas a juicio político. Sigue vigente el deber de abstenerse durante 3 años y, en lo penal, el art. 4 de la Ley 2523, que castiga con multa ciertas «puertas giratorias» posteriores al cargo.
• Quién no puede contratar con el Estado. La Ley 7021 de contrataciones (art. 21) impide ofertar al presidente, al vicepresidente y a otras autoridades mientras ocupan el cargo, y también a las sociedades en las que esas autoridades tengan capital o sean directores o beneficiarios finales. Los cónyuges y parientes hasta el segundo grado quedan impedidos solo respecto de la institución del funcionario. Si se confirma lo que dice la Contraloría (que Peña figuraba como socio de Wels durante su mandato, algo que Wels niega), las adjudicaciones a Wels desde agosto de 2023 podrían haber violado esta norma.
• Excepciones. El art. 40 solo permite contratar sin licitación en casos tasados (derechos exclusivos, notoria especialización, urgencia justificada, entre otros), con resolución fundada de la máxima autoridad. Una excepción sin causal concreta genera responsabilidad administrativa y, si hubo contraprestación, penal.
• Sanciones a proveedores (arts. 143-150): la DNCP puede inhabilitar de 1 mes a 5 años y multar del 1 % al 5 %, y extender la sanción a directivos y beneficiarios finales. Presentar información falsa o intentar influir en un comité de evaluación son faltas graves.

Fuentes: Ley 7236 Ley 7089 Ley 7021 Ley 2523.

8.9 El juicio político

• Causales. El art. 225 de la Constitución solo admite tres: mal desempeño de funciones, delitos en el ejercicio del cargo o delitos comunes. Acusa Diputados con dos tercios; juzga el Senado con dos tercios, al solo efecto de separar del cargo, y los posibles delitos pasan a la justicia ordinaria.
• La renuncia. La acepta o la rechaza el Congreso (art. 202 inc. 16), que puede rechazarla. El argumento de la defensa de que una renuncia no puede rechazarse no tiene apoyo en el texto.
• Senaduría vitalicia. Los expresidentes son senadores vitalicios salvo que hayan sido hallados culpables en juicio político (art. 189). Por eso que la renuncia no se aceptara tuvo consecuencias concretas.
• Vicepresidencia. Si queda vacante en los dos últimos años del período, la designa el Congreso por mayoría absoluta (art. 234), lo que encaja con la jura de Antonio Barrios.
• El procedimiento. Se aplicó la Resolución 825 del Senado, que es de 2015, no de 2026. Peña tuvo unas 12 horas para preparar la defensa y se le negó una prórroga de 72 horas.
• La Corte Interamericana. En el caso Ríos Ávalos (2021), que citó la defensa, la Corte condenó a Paraguay por falta de imparcialidad (hubo un acuerdo político previo y no se podía recusar), pero no se pronunció sobre los plazos de defensa: dijo que era innecesario analizarlos. No ofrece, por lo tanto, un respaldo directo al argumento del plazo; el riesgo para el Estado estaría en una eventual falta de imparcialidad.

Fuentes: Constitución ABC 6/11 Corte IDH 2021.

9. El proceso penal y el juicio político

Las tres causas

Fuentes: ÚH 4/11 ÚH 4/11 ÚH 5/11 LN 6/11 ABC 6/11 LN 6/11 Ñandutí 5/11. El juez de garantías es Rodrigo Estigarribia. La Fiscalía pidió a Seprelad informes de 27 personas y 20 empresas LN 5/11 y analiza pedir cooperación a Luxemburgo y a Estados Unidos. Además hubo un embargo civil de US$ 70 M y ₲ 1,6 billones a pedido del BCP ÚH 3/11. Se incautaron 9 autos de lujo, un yate, dos aeronaves y documentos, y el Registro Unificado Nacional identificó 47 propiedades vinculadas ÚH 6/11.

El juicio político

La defensa planteó además la nulidad: Peña había renunciado, tuvo horas para defenderse y la prueba no se revisó documento por documento; citó el caso Ríos Ávalos de la Corte Interamericana. La renuncia no llegó a aceptarse (según EFE, la sesión del Congreso que debía tratarla no tuvo quórum; otras fuentes dicen que fue rechazada) y el Senado siguió con el juicio: si se aceptaba, Peña quedaba como senador vitalicio. Lo destituyó por 44 votos Juicio 6/11 LN 6/11.

Diligencias que quedan pendientes (análisis propio)

• Seguir la plata hasta el final. Rastrear lo que entró a ITTI, Redisa, Redipro y Vinanzas y a dónde salió, incluidas las cuentas en el exterior y las sociedades de Luxemburgo.
• Beneficiarios finales. Quiénes son hoy los dueños de Vinanzas, HD Invest, Satec, Kasas, Sagas, La Tropa y Factopar, y desde cuándo Technoma está vinculada al grupo.
• Quién aprobó cada crédito. Actas del comité de créditos y del directorio de ueno, y el acta de julio de 2026 en la que, según su defensa, tres directores dejaron constancia de no saber que las empresas eran vinculadas.
• El BCP. Quiénes votaron la licencia de 2023 y las facilidades de 2024, por qué se dio por encuadrado al banco el 16/6/2026 y por qué se trasladó a Rivarola.
• El auditor externo. Qué informó PricewaterhouseCoopers, que auditó los estados de 2025, sobre partes vinculadas, el fideicomiso y la venta a Vinanzas EEFF 2025.
• Inversores públicos. Actas del IPS, de las cajas y del Ministerio de Economía que decidieron colocar fondos en ueno, sobre todo las posteriores a las primeras alertas.
• Peña. El préstamo de Wels en Banco Atlas que garantiza, a quién pagó el terreno de San Bernardino, el chat con Alliana anterior a la resolución, y qué banco negociaba la absorción de ueno.

10. Análisis de auditoría

Esta sección ordena los hechos publicados con la lógica de una auditoría forense: qué señal de alerta había, qué la prueba y qué control debió frenarla.

Qué falló en cada nivel

• Dentro del banco. El comité de créditos aprobó préstamos sin garantía a empresas sin capacidad de pago; el síndico (Miguel Ángel Almada, hoy preso) era también síndico del grupo, y el banco informó como corregido un exceso que no lo estaba. La defensa de tres directores dice que el directorio aprobaba montos menores a los que luego se entregaban: si es cierto, apunta a la gerencia y a quienes ejecutaban los desembolsos ABC 6/11.
• Auditoría externa. Los estados de 2025, auditados por PricewaterhouseCoopers, registran el fideicomiso como activo; queda por conocer qué dijo el auditor sobre partes vinculadas y la venta a Vinanzas EEFF 2025.
• Supervisión. El BCP tuvo la información desde abril de 2026, aceptó una venta de cartera financiada por el propio banco y demoró el sumario hasta septiembre.
• Inversores públicos. El IPS, las cajas y el Ministerio de Economía colocaron fondos crecientes en un banco nuevo; el Ministerio de Economía volvió a hacerlo con el escándalo ya público, según la acusación.
• Compras públicas y control patrimonial. Contratos con un solo oferente y excepciones sin observaciones; la Contraloría dio por correcta la situación patrimonial de Peña aunque su propio examen registraba su vínculo con un proveedor del Estado.

11. Lo que no está confirmado y las contradicciones

• Fechas y vendedor de MOWI: el 19/9/2025 vendiendo el Grupo Vázquez (ABC, BCP) o el 9/9/2025 vendiendo ITTI (El Observador) ABC 9/10 El Observador 4/11.
• Quién recibió los US$ 35 M y ₲ 36.900 M del 15/6: HD Invest según la denuncia del BCP; TUIU, Franede y AIME según Última Hora HOY 6/11.
• TUIU («2U» en el juicio): la venta del 50 % por ITTI el 28/8/2025 y el préstamo de US$ 10 M del día siguiente, que se mencionaron en el Senado, no aparecen en la prensa.
• Ministerio de Economía: el «US$ 60 M» aparece solo en un titular; lo documentado son ₲ 250.000 M (≈US$ 41,6 M) más intereses ÚH 5/11 LN 6/11.
• IPS: las cifras varían según la fecha y la fuente (₲ 2,1 a 2,24 billones; US$ 345 M o 355 M).
• Facturas de la esposa de Carvallo: se conocen tres; que fueran mensuales no está probado ABC 6/11.
• Acuerdo del Senado a Carvallo en 2023: 45 votos según la defensa de Peña; 39 según la prensa de la época ABC 1/9/23.
• Si Carvallo se inhibió en la licencia de 2023: no confirmado. En la fusión de 2024, según el presidente de ueno, sí.
• Wels: que Peña sea socio lo afirma la Contraloría con datos de la DNIT; Wels y Manuel Peña dicen que la familia salió en 2022-2023 ABC 27/5.
• MUAR en licitaciones del IPS: solo lo afirma Diario HOY; MUAR no figura en la DNCP.
• Alejandro Gómez Abente, director imputado de ueno, no tiene vínculo publicado con la constructora Gómez Abente S.A.: es una coincidencia de apellido.
• Presidencia del BCP tras Carvallo: Liana Caballero quedó interina el 3/11; Peña propuso a Raúl Vera Bogado; el 7/11 ABC llamó «presidente interino» a Pedro Acosta ABC 7/11.
• Peña imputado: hay orden de detención en la causa 92/2026, pero no se encontró el acta formal de imputación.
• Pérdidas totales: las cifras que se dijeron en el juicio (US$ 780 M, 1.200 M y 3.000 M) son estimaciones de cada orador, sin desglose.

12. Correcciones a la versión anterior de este esquema

• La infografía de La Nación que se usó de referencia («La red detrás de MOWI, Grupo Hendy y Grupo M») tiene errores de tipeo, pero sus datos coinciden con la imputación: Grupo Hendy, Grupo M (Pagopar), MOWI, la compra de cartera de Vinanzas por US$ 74,4 M y casi todos los nombres son reales. En la versión anterior se la descartó por error.
• «Carballo» es Carvallo; «2U» es TUIU; «Gómez a 20» es Gómez Abente; «Francisco Peña Palacio» es Palacios; «Brites» es Brítez.
• El depósito de ₲ 20.000 M atribuido a Senacsa es de Senave y es de ₲ 40.000 M.
• Peña no vendió sus acciones a un tercero: el holding las rescató y anuló.
• El hermano relacionado con la constructora de la casa es Manuel, no Francisco.

13. Fuentes